El alcalde de Ponga, Cándido Vega (URAS-PAS), puso ayer en conocimiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) unas «presuntas irregularidades urbanísticas» cometidas por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponga, Gabriel Iglesias, quien fuera a principios de legislatura su socio de gobierno y teniente de alcalde del municipio. El primer edil asegura que la decisión de denunciar estos hechos responde a «un acto de responsabilidad política» porque, ocultarlos, sería «convertirse en cómplice» de los mismos por «encubrimiento». Del mismo modo, ha advertido también que si fuera necesario acudirá a la Fiscalía de Medio Ambiente del Principado de Asturias para denunciar el caso ante los tribunales. El concejal popular, por su parte, entiende que se trata de una «venganza personal» y un intento más del alcalde pongueto de «coartar la libertad de expresión de quienes no comulgamos con él». Por ello, ha confirmado su intención de denunciar al primer edil «por el acoso político y personal que estoy sufriendo en los últimos meses». Un acoso, asegura, que también sufren el resto de los concejales de la oposición. Además, le insta a llevar el asunto a los tribunales.

El motivo de la denuncia son las obras ejecutadas en una vivienda y una cuadra de la localidad pongueta de San Ignacio propiedad del concejal del PP y que, según el regidor, «no se ajustan a lo solicitado en la licencia de obra» y «están fuera de la legalidad» porque se ha procedido a aumentar la altura de la cuadra y la volumetría, uniéndola con la vivienda que se encuentra a dos o tres metros de distancia. Además, añade el regidor, se trata de una actuación realizada en suelo de Especial Protección, ya que la cuadra está situada fuera del límite del núcleo rural. «En la licencia que solicitó quedaba claro que no podía incrementar la altura de la cuadra, que medía tres metros, y sin embargo ahora mide unos once metros, cuando en todo el concejo ningún edificio puede superar los 7,40 metros de altura», recrimina el regidor, quien asegura que existen también informes de la CUOTA en los que se denegada esta actuación en 2005. Según el primer edil, la licencia de obra para acometer este incremento de volumetría fue solicitada en 2008 y ejecutada en 2009, siendo Gabriel Iglesias teniente de alcalde y su compañero de partido, Luis Arobes, responsable del área de Urbanismo.

Las fechas cambian y mucho si la historia la cuenta el propio Gabriel Iglesias. El edil aclara que el conjunto de inmuebles -casa y cuadra- fue adquirido por una sociedad que él mismo preside en 2007 y que las obras a las que hace referencia el primer edil fueron ejecutadas en 2004, siendo propietarios de ambos edificios sus padres. En cualquier caso, niega que el inmueble mida en estos momentos once metros de altura. La licencia solicitada en 2008, aclara, «no era para aumentar la altura ni la volumetría del edificio, sino para realizar modificaciones en la distribución interior de los inmuebles para habilitar dos apartamentos. Uno en la antigua casa y otro en la parte alta de la cuadra». Una actuación que no llegó a completarse «por dificultades económicas» pero que, aclara Gabriel Iglesias, contaba con la licencia urbanística «pertinentemente firmada por el propio alcalde, porque todo el mundo sabe que durante el periodo en el que fuimos socios de gobierno nunca nos permitió ni a mí, ni al otro concejal del PP, ejercer con libertad nuestros cargos». Lo que sí reconoce Gabriel Iglesias es que la cuadra, ahora unida a la vivienda tras las obras ejecutadas en 2004, se encuentra fuera del límite del núcleo rural de San Ignacio «por un error en el Plan General vigente que, me consta, está subsanado en la nueva revisión del documento» y que, por lo tanto, tan pronto como entre en vigor, «ese tema estará solucionado». «Pero ahora entiendo el empeño del alcalde en retrasar la entrada en vigor del Plan General», apostilló.

El concejal del PP considera que esta denuncia no es más que una nueva estrategia del primer edil para «coartar» su derecho a ejercer con libertad su actividad como concejal de la oposición. «Me amenaza en los plenos, me insulta en la calle y se aprovecha de su situación de alcalde para investigar todo lo que hago y tratar de buscar algo en contra de mí», recrimina, al tiempo que lamenta que no sea tan «riguroso» en las obras que él mismo acomete. «En Taranes ha hecho un cambio de uso de una cuadra por una vivienda totalmente ilegal», recrimina. «Si siguiéramos siendo socios de gobierno esto no pasaría, el problema es que acosa a quienes no están de acuerdo con él», añade.

«Comprobación rutinaria»

El alcalde niega tajantemente que se trata de una venganza personal contra su antiguo socio de gobierno y asegura que la denuncia viene motivada por una «comprobación rutinaria» del aparejador del Ayuntamiento de Ponga en la que se comprobó que la obra ejecutada no corresponde en absoluto a la licencia solicitada por Gabriel Iglesias en noviembre de 2008. Ante esta situación, el pasado 14 de septiembre el Ayuntamiento de Ponga abría un expediente urbanístico contra el concejal conservador y ayer le recriminaba públicamente que hubiera utilizado su cargo de teniente de alcalde para «burlar la ley, que debe cumplirse por todos los vecinos por igual». Gabriel Iglesias, por su parte, insiste en que la actuación denunciada está ejecutada con anterioridad a su cargo y siendo sus padres propietarios de los inmuebles. Además, entiende que si se cometió algún tipo de infracción en aquel momento, éste «ya ha prescrito».

FECHAS CLAVES

2004

La familia de Gabriel Iglesias reforma una cuadra que limita al núcleo rural de San Ignacio, incrementando su altura y uniéndola a una casa ubicada dentro del núcleo.

2008

Gabriel Iglesias, siendo teniente de alcalde, solicita en noviembre una licencia de obra para la redistribución de los inmuebles adquiridos por su persona un año antes.