sábado, 20 de noviembre de 2010

Desacuerdo entre las tres comunidades en Picos

Los Picos de Europa, eterno desencuentro

Cantabria, Asturias y Castilla y León mantienen aún importantes diferencias sobre la refundación del Parque, pese a que en mayo anunciaron un acuerdo «total y absoluto.


El futuro del parque nacional de los Picos de Europa sigue en el aire. Lo que en mayo era un acuerdo «total y absoluto» entre las tres comunidades autónomas del espacio protegido -Asturias, Cantabria y Castilla y León- se ha convertido en noviembre en un galimatías con «diferencias de criterio» y «dificultades de tipo técnico y jurídico que hay que limar».

Son las cosas del parque nacional, donde una mañana de sol radiante puede dar paso, sin casi notarlo, a una tarde de niebla intensa y a una noche de tormenta extrema. El pasado mes de mayo, el consejero asturiano de Medio Ambiente, Francisco González Buendía, anunciaba a bombo y platillo que las tres regiones de los Picos habían alcanzado un acuerdo «total y absoluto» para refundar el parque. Más aun: Asturias, Cantabria y Castilla y León, tras el denominado «acuerdo de Covadonga», daban como «seguro» que el traspaso se firmaría en octubre y que entraría en vigor el 1 de enero de 2011. Seis meses después de aquellas declaraciones, de lo dicho, nada.

Las tres regiones de los Picos de Europa llevan más de cinco años negociando la refundación del parque nacional, obligada tras dos sentencias judiciales que señalaron que la gestión de este espacio corresponde a las comunidades autónomas y no al Estado, como ha ocurrido hasta ahora. En 2005, los tres gobiernos autonómicos dieron por sentado que el traspaso de las competencias se cerraría el 1 de enero de 2006. A partir de ahí sólo se mantuvo la fecha del primero de enero, pero los políticos fueron retrasando el acuerdo, una y otra vez, al año siguiente. Hasta hoy.

¿Cuál es el problema? Oficialmente, hay dos: el personal y la organización del futuro espacio protegido. En cuanto al personal, el debate se centra en la desigual distribución de los trabajadores del parque: 66 en Asturias, 22 en Castilla y León y 2 en Cantabria. Las dos regiones vecinas exigen una redistribución, a la que el Principado se resiste, entre otras razones por las dificultades, incluso legales y jurídicas, que acarrearía cambiar la sede de trabajo de los empleados.

El debate sobre la futura organización del parque es aún más intenso y profundo. En realidad, de lo que discuten los gobiernos autonómicos es de filosofía medioambiental, de política de conservación, de criterios de gestión.

El Principado actúa en este caso como adalid de la unidad ambiental y la gestión integrada de los Picos de Europa. El Ejecutivo asturiano quiere una misma política de conservación y desarrollo en las tres regiones. Defiende, por lo tanto, un consorcio (ente que gestionará el espacio natural) «fuerte», al que se adscriban tanto los trabajadores como los presupuestos. Cantabria y Castilla y León apuestan por que el consorcio sea poco más que una formalidad y que el poder «real» recaiga sobre las comunidades autónomas, a través de los tres codirectores que ellas mismas nombrarán. Tendrían así poder absoluto en sus respectivos territorios.

El anunciado «acuerdo de Covadonga» no fue tal. El pasado jueves Buendía reconocía en Gijón que las comunidades autónomas aún tienen que «limar» diferencias. Pero el consejero de Medio Ambiente fue aún más allá y señaló que en el caso de que no haya finalmente acuerdo entre las regiones sería preferible que el parque siguiera, como ahora, en manos del Gobierno central. Cualquier cosa antes que «fragmentar» los Picos, según Buendía. No obstante, expresó a continuación su convencimiento de que finalmente habrá acuerdo. Claro que dice lo mismo desde 2005.

Lo que parece ya difícil es que el traspaso se cierre antes del próximo 1 de enero. Ello pese al empeño de las tres regiones de los Picos en firmar el acuerdo este año. Hay motivos: el traspaso vendrá acompañado de una cantidad de dinero y cerrar el acuerdo en 2011 implicaría muchos menos euros, ya que el presupuesto del año próximo prevé importantes recortes en el Ministerio de Medio Ambiente.

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