Sopesan la destitución del director de "Fuentes del Narcea". Caso Reyero.

Buendía sopesa la «destitución fulminante» del director del parque de las Fuentes .

La Consejería abre una investigación por la construcción de una casa en zona protegida, realizada por un conocido conservacionista - Medio Ambiente afirma que no tiene «nada que ver» con el contrato público de 145.000 euros que recibió el propietario de la vivienda.

La Consejería de Medio Ambiente del Principado ha abierto una investigación interna para determinar si el director del parque natural de las Fuentes del Narcea, Emilio González-Capitel, actuó con «falta de diligencia» ante la construcción ilegal de una casa en este espacio protegido, en una zona en la que hay presencia de osos y urogallos. Los portavoces del departamento que dirige Francisco González Buendía aseguran, de forma contundente, que el Consejero no descarta la «destitución fulminante» del funcionario en el caso de que se demuestre que sabía que José Manuel Reyero -conocido editor de publicaciones de temática medioambiental- estaba levantando una casa en el parque y que, pese a ello, no actuó de manera inmediata para detener la construcción.

González-Capitel fue informado de la ejecución de los trabajos que se estaban efectuando en una zona de especial protección ambiental por un empleado de este espacio natural protegido del suroccidente asturiano el pasado mes de julio, pero su paralización no se produjo hasta octubre, a instancias del fiscal de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva.
Ante la polémica originada por este caso, la Consejería de Medio Ambiente asegura que ha actuado «por el libro» y niega que haya incurrido en negligencia alguna. Muy por el contrario, sus portavoces sostienen que «nada más que se tuvo constancia de la situación se dio cuenta a la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial (CUOTA), que fue quien levantó acta y dio inicio al procedimiento». A este respecto, no obstante, recuerdan que la disciplina urbanística «es de competencia municipal», en este caso del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que, a su juicio, pudo paralizar antes las obras y, sin embargo, sólo abrió expediente cuando las autoridades urbanísticas autonómicas le notificaron la presunta ilegalidad que se estaba cometiendo en los terrenos del parque natural de las Fuentes del Narcea.

El alcalde cangués, José Manuel Martínez, ex de IU, ha reconocido que el Consistorio actuó a instancias de la CUOTA y del fiscal de Medio Ambiente. El regidor cangués, que se ha mostrado partidario de la demolición del edificio, criticó al director del parque por no haber dado cuenta de las obras de construcción, habida cuenta de que, además, no disponen de la preceptiva licencia municipal y de que se trata de un inmueble no legalizable.
Además de anunciar la apertura de una investigación sobre la actuación de González-Capitel en relación a las obras ilegales en el parque, y de llamar la atención sobre las competencias urbanísticas municipales, la Consejería de Medio Ambiente también se desmarca de cualquier vinculación con el empresario, muy conocido en los círculos del movimiento conservacionista.

En concreto, Medio Ambiente rechaza tener cualquier relación con el contrato público que logró José Manuel Reyero, el pasado junio, para la difusión de las Reservas de la Biosfera de la región como producto turístico. «Esas ayudas dependen de Turismo, de un convenio que se firma con el Estado y con el que esta Consejería no tiene nada que ver», indicaron los portavoces de González Buendía.

En concreto, Reyero, que ha manifestado su deseo de no hacer declaraciones sobre esta polémica, consiguió para su empresa, Alaire Comunicación y Gestión Medioambiental, el contrato para la implantación del club del producto turístico de Reservas de la Biosfera asturianas. El importe del contrato fue de 154.000 euros, más un 18% en concepto de IVA y de diferentes mejoras.
Un periodico destapó el escándalo urbanístico en el parque natural de Fuentes del Narcea en su edición del pasado domingo. Entonces ya informó de que la Consejería había ordenado la paralización de los trabajos tras recibir una notificación del fiscal de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva, en la que se instaba al Principado a abrir un investigación del caso, tras haber sido denunciado por un particular. El propietario de la vivienda en cuestión, José Manuel Reyero, estaba modificando la discreta cabaña ganadera que había comprado a unos particulares de la zona, en concreto a los hijos de un guarda forestal que fue asesinado en la reserva de Muniellos, con el objetivo de reconvertirla en una casa a tres alturas, con dos cuerpos anexos a la edificación original.

Según manifestó a este periódico el particular que presentó la denuncia, el director del parque natural era «conocedor de la situación». Ante la supuesta pasividad por parte de González-Capitel, el denunciante acudió a la fiscalía de Medio Ambiente. Fue entonces cuando Joaquín de la Riva instó al Principado a abrir una investigación que derivó en la paralización de la obra. El caso podría terminar en los tribunales si se considera que el propietario de la construcción incurrió en un delito contra el medio ambiente. Por su parte, el Principado debe decidir si derriba o no la construcción, mientras que el propietario podría tener que hacer frente a una sanción económica.