El traspaso de la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa a las autonomías, prevista para el próximo uno de enero, se ha retrasado hasta el uno de febrero con el objeto de facilitar la renovación de contratos de mantenimiento y servicios de los equipamientos del parque, que finalizaban a 31 de diciembre. Así se acordó ayer en la reunión de la ponencia técnica celebrada en Madrid, que sirvió para fijar definitivamente los términos jurídicos, económicos y de gestión que regirán el traspaso del espacio protegido, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2004.
Del mismo modo, se acordó que el Estado colaborará con las comunidades autónomas en la gestión de determinadas tareas administrativas, de gestión de nóminas y de contratos en ejecución, con el fin de facilitar una transición fluida, como máximo hasta el 30 de septiembre. De esta forma, confían desde el Principado, se garantizará «que no se resienta en modo alguno la continuidad en la gestión ordinaria de los servicios que habitualmente se vienen prestando».
Al encuentro celebrado ayer en la sede del Ministerio de Política Territorial asistieron, en representación del Principado, la viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, y el director general de Biodiversidad y Paisaje, José Félix García Gaona. Además, participaron representantes de la Administración del Estado y del resto de las comunidades implicadas. El acuerdo formal del Pleno de la Comisión Mixta de transferencias se adoptará en los próximos días -previsiblemente el 14 de diciembre- y, acto seguido, la Administración del Estado aprobará el Real Decreto correspondiente antes de que finalice el año 2010. Hoy se reunirá en Oviedo la Comisión Mixta del Parque de Picos de Europa , con la presencia de los consejeros de las tres comunidades involucradas, con lo que se dará un paso más en el acuerdo cerrado ayer, como antesala de la firma definitiva que se producirá con casi toda seguridad el próximo martes.
A lo largo de la reunión, que duró casi cuatro horas, se hizo un repaso exhaustivo de los distintos capítulos presupuestarios que conformarán el coste efectivo del traspaso. La cifra final quedó establecida en algo más de 7,7 millones de euros. En esa cifra se incluyen los gastos de personal, bienes corrientes y de servicios, indemnizaciones e inversiones. Igualmente, se revisó la lista de puestos de trabajo que serán traspasados, así como la relación de bienes patrimoniales y materiales que permiten la ejecución de los servicios propios del parque y que en el futuro serán gestionados por las comunidades autónomas.
El acuerdo adoptado implica que se transferirán al Principado de Asturias más del 50% del personal y algo más del 47% de los recursos económicos que conforman la cuantía total de traspaso, lo que supone un total de 43 trabajadores y en torno a 3,7 millones de euros. Igualmente, el Principado de Asturias recibirá todas las dependencias, edificios e instalaciones ubicados en su territorio. Como estaba previsto, el acuerdo alcanzado implica la puesta de todos estos recursos a disposición del Consorcio a través del que se instrumentará la gestión del Parque Nacional
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