Los ecologistas creen que la calidad ambiental empeorará con el traspaso

Los ecologistas creen que la calidad ambiental empeorará con el traspaso de competencias

La Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente (Ulex) recela del «oscurantismo» de la política medioambiental del Principado .

Los ecologistas que forman parte del órgano consultivo del parque nacional de los Picos de Europa advierten que el traspaso de la gestión a las comunidades autónomas, cuya firma tiene lugar hoy en Madrid, degradará la calidad medioambiental de la reserva. La Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente (Ulex) avala su impresión «en la trayectoria de la gestión de los últimos años».

La portavoz del colectivo, Laura López Varona, asegura que en todos estos años el Principado «jamás ha contestado» a cualquier sugerencia ecologista para la protección de la flora y la fauna, mientras que el Estado se ha mostrado más receptivo: «Creemos que el traspaso de competencias empeorará la ya oscurantista política ambiental del parque».

Los ecologistas aseveran que debido al hermetismo oficial sólo logran tener acceso a información sobre las medidas ambientales que se aplican en la reserva a través de «filtraciones». «Si con el Estado sufrimos esta situación, sin su presencia irá a peor, dada la trayectoria del Principado en la gestión ambiental de la reserva», deduce Varona.

Ulex nutre sus críticas con otro dato, en este caso extraído de las resoluciones adoptadas por la comisión mixta. Los ecologistas denuncian que estos acuerdos no se hacen públicos: «Es imposible conseguir ver la resolución para matar lobos cuando la ley es clara y obliga a que las resoluciones de control de población deben ser públicas; no es así ahora y menos lo será con las comunidades al mando», señala Varona.

Respecto al control de población de lobos los ecologistas muestran su preocupación ante el inminente traspaso por el «modus operandi» que aplica el Principado en las batidas. «El Estado utiliza a los guardas, el animal se sigue y se localiza y se dispara sólo al ejemplar. Sin embargo, el Principado avisa a los ganaderos de la zona en cuestión y todos van a la caza. Nos tememos que con el traspaso impere la segunda opción, impropia de una reserva nacional», lamenta Varona.

Las tres comunidades autónomas con territorio dentro del parque, Asturias, Cantabria y Castilla y León, se han comprometido a mantener la unidad ambiental del espacio y a aplicar un único Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). De todas formas, las regiones tendrán derecho de veto, es decir, podrán decir «no» a cualquier iniciativa, incluidas las medioambientales, que afecten a su territorio. Los ecologistas advierten de que esta medida mermará esa unidad en la gestión ambiental que propugnan los tres gobiernos.

Otra consecuencia para la política ambiental que provocará la refundación del parque, según Ulex, es que al salir el Estado de la gestión de la reserva puede desaparecer la figura del director conservador, una especie de mediador de las políticas ambientales entre las tres provincias que designado por el ejecutivo central.

En cualquier caso, no todo son malos augurios para los conservacionistas. «Una gran ventaja es que la gestión de la reserva será más accesible a los ciudadanos. Hasta ahora, ante una solicitud nuestra, se echaban balones fuera entre Madrid y Oviedo, e incluso con Europa por medio. El traspaso garantiza que sabremos siempre a quién exigir responsabilidades», concluye López Varona